Es un proceso que se basa en el derecho ciudadano de participar protagónicamente en la toma de decisiones en torno a la distribución equitativa de los recursos públicos, que se implementa en un espacio común y compartido entre autoridades de los GAD’s, la ciudadanía y organizaciones sociales, a través del diálogo y consenso permanente; es decir, es el proceso en el que las autoridades y la ciudadanía definen conjuntamente, cómo y en qué invertir los recursos del Gobierno local.